Un federalismo caro y los municipios sin control

Quizás viste en el video que subí a mis redes que empezaba mostrando un paquete de pañuelos descartables. Y con ellos en la mano empezaba la editorial.

“Los acabo de comprar en un Hipermercado de, vamos a poner de ejemplo, Moreno, provincia de Buenos Aires. En el paquete, dice que la empresa fabricante es de Hurlingham, también de la provincia de Buenos Aires. Pero hay un insumo, la fibra de celulosa que contiene el papel tisú, que viene de Santa Fe. Y el envoltorio plástico se produce en Ciudad de Buenos Aires”. 

Con esta introducción, continúa el desarrollo:

En total, hay 3 jurisdicciones fiscales en cuestión. Por ende, el costo del producto incluye el impuesto de IIBB (Ingresos Brutos) de Santa Fe, de Ciudad de Buenos Aires y de Provincia de Buenos Aires. Los IIBB son impuestos que se van cargando a cada paso de la cadena productiva y comercial, sin deducción alguna. Las provincias y la Ciudad Autónoma cobran a todo bien, producto o servicio que se genere,  comercialice o  consuma. Y podríamos preguntarnos, ¿en concepto de qué?. ¿Acaso no cobran impuestos a los inmuebles, a los autos, a los campos, y a todo bien que se tenga en su jurisdicción? Además de cobrar a la propiedad, cobran a la producción y al consumo. 

Allá por 1993 se firmó un Pacto Federal por el cual las provincias se comprometían frente al gobierno nacional a eliminar el impuesto a los IIBB. Sin embargo nunca llegó a aplicarse. En 2017, mediante el Pacto Fiscal impulsado por el gobierno de Mauricio Macri se consensuó con las provincias una rebaja del impuesto a la largo de cinco años, que fuera suspendida tras la asunción de Alberto Fernández. 

De cualquier manera y a pesar de los vaivenes políticos, está claro que se intentó desde distintas fuerzas políticas, llegar a un acuerdo para que las 24 jurisdicciones federales, dejaran de ejercer esa dictadura impositiva local. Pero el poder central seguramente, debió necesitar del apoyo de los gobernadores para algunas leyes nacionales, y terminó cediendo a la presión para un ordenamiento jurisdiccional. En el siglo XIX los caudillos provinciales atropellaban con tropas. En el XXI, con votos en el Congreso. ¿Habrá sido este el avance de barbarie a civilización? Si alguien huele a “negociado” seguramente  no esté con problemas olfativos. 

También están las tasas municipales que por definición deberían ser por una contraprestación. En Moreno, por ejemplo, donde está el local de venta, se le cobra al comerciante una tasa de seguridad e higiene (sin darle ni seguridad ni higiene) del 0,6% del total del producto. Y al transportista un 2,5% a su carga de combustible porque el Municipio ilegalmente impuso una tasa por  “afectación ambiental”. Y menos mal que no fue en Formosa, porque si no le cobraban un “peaje” por ingresar por una ruta nacional a la ciudad (¡ya lo habrán visto!). 

Si tuviéramos  Defensor del Pueblo designado, quizás estas cosas podríamos denunciarlas ahí, pero desde el 6 de abril del 2009, los distintos gobiernos mantuvieron el cargo vacante. Las demandas del Defensor del Pueblo son de cobertura colectiva, no individual como lo son las demandas judiciales que un individuo puede hacer ante lo que considera una injusticia infligida por la autoridad local, o nacional. Por ejemplo: el caso del cobro indebido de tasas municipales de algunos municipios de la Provincia de Buenos Aires en los servicios de luz, agua o gas. La presentacion ante la Defensoria del Pueblo de un solo ciudadano por esta irregularidad hubiera generado un amparo para que no se realizara en todos los municipios, a todas las empresas, y a todos los posibles damnificados. El Defensor del Pueblo debe ser propuesto por el poder ejecutivo al Congreso, y se requiere de dos tercios para su aprobación. En un país que no puede conformar un Corte Suprema a la que le faltan 2 miembros, pensar en negociar en el Parlamento al Defensor del Pueblo, quizás sea un pendiente menor. 

Volviendo a los miserables impuestos: el comerciante deberá considerar también el costo por la forma de cobro: si es por transferencia bancaria aplicará el impuesto al “debito-crédito” del 1,2% , o por billetera virtual, tendrá impuestos y retenciones. Y al final de todo  el IVA del 21%. El IVA lo recauda Nación pero les vuelve un porcentaje a las provincias en concepto de Coparticipación Federal. O sea, que ya reciben un porcentaje de la producción y del consumo.  Las provincias también reciben coparticipación por el impuesto a las ganancias, tanto de personas jurídicas (empresas) como físicas (personas). Por eso los gobernadores le exigieron a Milei retrotraer la demagógica medida que había propuesto Sergio Massa cuando era ministro de economía y estaba en campaña electoral: las provincias reciben recursos de ese impuesto. Lo mismo pasa con el impuesto al débito-crédito, a los bienes personales, y a la joya de la corona: las retenciones al agro. ¿Como se puede resolver el dilema de un Estado Nacional que podría reducir impuestos, contra la fagocidad de las provincias? Que absurdo cuando los gobernadores o candidatos provinciales salen a decir que los impuestos de “Nación los manejan los porteños” cuando justamente las provincias reciben el mayor porcentaje de esa recaudación, y encima les agregan a sus coprovincianos, los impuestos locales, provinciales y municipales. Quizás algún gobierno nacional deba ponerse firme y enviar comunicado a las provincias para que se sepa la cantidad de instituciones nacionales que se mantienen con los recursos que termina recibiendo la Nación. 

En este tsunami de impuestos, nacionales, provinciales y municipales, el ÚNICO perjudicado es el ciudadano, tanto el emprendedor, el trabajador y ambos, como consumidores.  

Esos pañuelos nos  podrían costar  la mitad, como valen en países unitarios y sin tasas municipales, como por ejemplo Paraguay,  o en países federales donde las provincias/estados no superponen  impuestos con la Nación, o donde los municipios cobran solo por los servicios que prestan y no pueden -bajo sanción de ley- crear tasas que no sean con alguna contraprestación. 

¿No te parece que la política nos debe una reforma que nos libere de semejante carga tributaria y bajar así el costo de tener, producir, vender y consumir? 

Mariano Iglesias