Discapacidad o Incapacidad laboral? Otra trampa del relato

¿Tenés una discapacidad o una incapacidad laboral? ¿Sabes que no es lo mismo?

Casi todo este año se fustigó al gobierno con su supuesta “insensibilidad” sobre el tema de los discapacitados, y la oposición usó y abusó como es típico, de este entuerto discursivo que confunde discapacidad con incapacidad laboral. Una vez más, no entiendo como alguien del gobierno no salió a explicarlo con “peras y manzanas”. Pero bueno, aquí vamos nosotros. 

La ley de discapacidad tuvo varias modificaciones y siempre con artilugios dialécticos, generó una intervención en la ley de incapacidad laboral que iba por carriles distintos, ya que se deben a condiciones dispares. Una “discapacidad” se debe considerar en personas que nacieron o luego desarrollaron características físicas o psíquicas que impiden la integración social, cultural y de desarrollo en el entramado social y que por ende, requieren asistencia. Debido a deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, encuentran dificultades para participar plena y efectivamente en la sociedad. Para acceder a derechos y prestaciones, muchas personas tramitan el Certificado Único de Discapacidad (CUD), un documento nacional válido que se otorga a quienes cumplen con los criterios establecidos por las juntas evaluadoras. Este certificado es un requisito para acceder a beneficios como cobertura total en tratamientos de rehabilitación, gratuidad en el transporte público, asignaciones familiares y exenciones impositivas, entre otras.

El CUD es un documento público, voluntario y gratuito, que certifica la discapacidad de una persona y es válido en todo el país. Su trámite se realiza a través de una Junta Evaluadora Interdisciplinaria. Es un requisito para acceder a derechos y prestaciones, aunque la enfermedad en sí no otorga el certificado, sino las secuelas limitantes que establece la normativa. 

Entre los beneficios que otorga el CUD se encuentran: cobertura del 100% en prestaciones de rehabilitación, medicamentos y equipamiento; traslados gratuitos en el transporte público terrestre y libre estacionamiento en lugares permitidos con el “Símbolo Internacional de Acceso”; acceso a beneficios como la ayuda escolar anual por hijo con discapacidad y la asignación familiar por hijo con discapacidad;  también posibilidad de solicitar exención de impuestos y peajes, y otros. 

Son personas consideradas por las distintas leyes según la Argentina, las que tienen alguna deficiencia motriz, sensorial, intelectual o mental y que no pueden participar en igualdad de condiciones en la sociedad porque se encuentran con alguna barrera que se los impide.

Para sorpresa de muchos y espanto de otros tantos, la primera ley de “Protección Integral de las personas con discapacidad”, fue la 22.431, sancionada el 16 de marzo de 1981 por Jorge Rafael Videla en su condición de presidente de facto. 

Y podríamos ir incluso más atrás, donde encontramos que la ley 19.279 que aplica beneficio para la adquisición de automotores para personas con discapacidad (entre otros beneficios) que fue sancionada el 4 de octubre de 1971 durante el gobierno de Lanusse, también de facto. 

La democracia reacciona ante estas necesidades apenas el 5 de noviembre de 1997 cuando sanciona la ley 24.901 que actualizó la ley sancionada por Videla 16 años atrás. Lo que conocemos como “un tema pendiente de la democracia”. 

Actualizando necesidades, el 14 de noviembre del 2001, se sancionó la ley 25.504 cuyo fin fue la creación e instrumentación del CUD. 

Como a la política sabe desempolva agenda, el 21 de mayo del 2008 se sanciona la ley 26.378 que no hace otra cosa que considerar a la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” que había aprobado previamente la Asamblea de las Naciones Unidas. Le dicen en la jerga: de “forma pero no de fondo”. 

Pero otra cosa totalmente diferente, es la ley de "incapacidad laboral", que responde a cuestiones específicas del área laboral y que se sanciona por primera vez en octubre de 1995 bajo la ley 24.557 donde entre otros puntos, plantea la creación de las Aseguradores de Riesgos de Trabajo (ART) que incorporó un nuevo costo a la carga laboral, pero vendría a eliminar los reclamos de invalides laboral que antes se dirimían en los juzgados laborales. Se establecieron también parámetros de incapacidad por porcentajes de esta. Pero un incapacitado laboral  quizás pueda tener  una vida normal en el ámbito individual o social. Tal vez aquí si apliquen ejemplos: un operario de una prensa o torno que trabajando pierde 4 de los dedos de una mano, quizás quede incapacitado para seguir realizando esa tarea, pero no para ir de compras, manejar un vehículo, abrazar a sus seres queridos, o preparar un asado. Su incapacidad es laboral en base al trabajo que realizaba, no en la totalidad de su vida. 

¿Puede esta persona ser considerada igual que alguien que nació con autismo, por ejemplo? No quería hacer paralalelismos , pero necesito que quede clara la diferencia. 

Les cueste o no comprender, el kirchnerismo usó el relato para confundir y crear así un canal que permitiera “la asistencia a la discapacidad” en “pensiones por incapacidad” y desde ahí operar políticamente, como quedo claro en el video que se hizo público en Formosa, donde un director de hospital y el intendente, confesaban a su gente que habían otorgado “licencia de incapacidad” para que recibieran apoyos económicos ante la necesidad en la que vivían. Apoyos que vienen de Nación, obviamente. 

El gobierno de Milei tiene dinámica de actores gerenciales: ejecutan órdenes y promueven revisiones y auditorias antes de firmar. Y eso hizo el Ministerio de Capital Humano, el de Salud y las dependencias afines. Como ya dijimos alguna vez: que difícil debe ser desenmarañar las estructuras de negociados que los K construyeron en más de 12 años. El desafío  es consolidar  cuales son los genuinos aportes a los discapacitados, y desarticular los falsos reclamos de incapacidad laboral que llego a ser de casi el 12% de la población en el último gobierno K. No faltaron los videos donde gente con ansiedad, o hipertensión, solicitaban su pensión por incapacidad laboral. Después de las distintas auditorías a nivel nacional, este situación bajo automáticamente a un 4,1% según informara ante el parlamento el ex jefe de gobierno Guillermo Francos. 

Como siempre, el que se lleve lo que no le corresponde, le hará falta a quien realmente lo necesita. 

Mariano Iglesias